El Gobierno de Mendoza puso sobre la mesa un paquete de créditos por más de $ 6.200 millones

El anuncio se hizo este viernes en el salón Patricias Mendocinas de Casa de Gobierno, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y los ministros Natalio Mema, de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y Rodolfo Vargas Arizu, de Producción, además de representantes de cámaras empresariales, sindicatos y emprendedores.

El esquema, impulsado desde el Ministerio de Producción, combina créditos para capital de trabajo e inversión, subsidio de tasa, aportes para sectores estratégicos y un fondo de garantía pensado para derribar uno de los obstáculos más frecuentes: la falta de garantías reales. La prioridad está puesta en las micro, pequeñas y medianas empresas, en los emprendedores y en las cooperativas, es decir, en los segmentos que suelen quedar relegados cuando los bancos definen a quién le prestan.

Cornejo fue directo al hablar del contexto y reconoció que el cambio de paradigma económico golpea con dureza a las pymes. 

El gobernador admitió que otorgar créditos no es una función natural del Estado provincial, pero defendió la intervención como una medida transitoria. "Sin financiamiento es imposible pasar esta situación. De aquí a que el sistema financiero se acomode y esté expedito para la amplia mayoría de nuestras empresas va a pasar un tiempo. Intertanto, nosotros queremos estar presentes", afirmó,

En la misma línea, Mema recordó que la primera herramienta lanzada junto al Banco Nación —$100.000 millones al 18% anual exclusiva para Mendoza— ya lleva $42.000 millones tomados por 2.000 empresas locales.

En números concretos, el programa se reparte en cuatro instrumentos: $2.000 millones para proyectos de Industria, Comercio y Logística; $2.000 millones para desarrollar unas 2.000 hectáreas de producción forrajera; $1.200 millones para cooperativas que incorporen innovación productiva; y $1.000 millones para el Fondo de Garantías, que se instrumentará mediante un convenio con Cuyo Aval SGR. Como condición excluyente, los beneficiarios deberán estar radicados en Mendoza y ejecutar en la provincia tanto las inversiones como la actividad económica del proyecto financiado, con auditorías posteriores para verificar el destino de los fondos públicos.