Incorporan criterios técnicos que permitan graduar las multas y sanciones por desmontes ilegales

El Gobierno de Mendoza avanzó en una reforma del régimen sancionatorio para combatir los desmontes ilegales de flora y bosques nativos. A través de la Dirección de Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, se aprobó una nueva metodología para calcular las multas, con el objetivo de que las sanciones reflejen de manera más precisa el impacto ambiental provocado por cada infracción.

La actualización reemplaza un esquema basado en parámetros establecidos en 2018 y que, según las autoridades, había quedado desactualizado frente a la complejidad de los casos detectados en los últimos años. La iniciativa fue desarrollada por el Departamento de Flora Nativa y busca incorporar criterios técnicos que permitan graduar las sanciones de forma más objetiva, homogénea y acorde al daño ocasionado.

El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, explicó que la medida surge de la experiencia acumulada durante las tareas de control y fiscalización. "Era necesaria una actualización. La metodología anterior no contemplaba de manera suficiente las distintas variables que intervienen en una afectación de flora nativa o bosque nativo, por lo que avanzamos en una herramienta más objetiva y ajustada a la realidad ambiental de cada caso", sostuvo.

Uno de los principales cambios es que la superficie desmontada dejará de ser el único factor relevante para determinar una sanción. A partir de ahora, la fórmula incorporará indicadores ambientales verificables, coeficientes de agravantes y atenuantes, además de un factor específico para penalizar la reincidencia.

Entre los aspectos que serán evaluados figuran la ubicación de la infracción, el nivel de afectación ambiental, la presencia de especies protegidas, el uso de fuego, las características de la vegetación removida y la capacidad de recuperación natural del ecosistema.

La metodología también incorpora el valor de conservación de las áreas intervenidas. En ese sentido, las categorías establecidas por la Ley Nacional de Bosques tendrán un peso determinante. Las zonas clasificadas como Categoría I o roja, consideradas de máxima protección, recibirán las sanciones más severas en caso de desmontes, mientras que las categorías amarilla y verde también serán evaluadas según sus niveles de conservación y uso permitido.

"Si se trata de una zona de bosque de máxima protección, no se puede desmontar de ninguna manera", remarcó Funes Pinter al explicar que la ubicación y el tipo de ambiente afectado se transformarán en elementos centrales para la determinación de las multas.

Además, el nuevo sistema contempla variables vinculadas a la presencia de flora y fauna amenazada, la calidad ambiental del sitio y el potencial de restauración del ecosistema, permitiendo una evaluación más completa de las consecuencias generadas por cada intervención.

La reforma se apoya en el marco normativo ambiental vigente en Mendoza, que incluye las leyes provinciales de Ambiente, Áreas Naturales Protegidas, Bosques Nativos, Monte Protector y Ordenamiento Territorial del Piedemonte.